El Seguro Nacional de Salud SENASA

Santo Domingo.-Problemas y Fraude en el Seguro Nacional de Salud
(SENASA)
El Seguro Nacional de Salud (SENASA) de la República Dominicana es la Administradora de Riesgos
de Salud estatal más grande, que maneja el seguro de más de 7.5 millones de afiliados. Debido a su
magnitud, cualquier fraude o irregularidad genera un impacto grave en la población, las finanzas
públicas y la confianza en el sistema de salud.
Principales denuncias de fraude e irregularidades:- Manipulación del sistema de autorizaciones médicas usando datos de afiliados sin consentimiento.- Procedimientos o estudios no realizados que fueron facturados a SENASA.- Uso indebido de carnets e identidades de afiliados para autorizar servicios.- Call centers paralelos que llamaban para tramitar autorizaciones fraudulentas.- Facturas falsas, sobrecostos y duplicación de estudios médicos.- Contratos irregulares y participación de funcionarios de alto nivel.
Cantidad de personas afectadas:
Se estima que el fraude incluyó más de 4,000 autorizaciones falsas (cirugías menores y consultas
especializadas). Aunque no hay un número exacto de pacientes directamente afectados, se reporta
que el esquema puso en riesgo a los más de 7.5 millones de afiliados de SENASA, pues vulnera la
integridad del sistema de salud público.
Problemas y efectos generados:

Repercusiones políticas y sociales, con investigaciones abiertas por la Procuraduría y la Cámara de
Cuentas.
Situación actual y avances:- En 2024 el director de SENASA, Santiago Hazim, presentó denuncias formales a la Procuraduría con
pruebas del fraude.- Se identificaron números telefónicos usados para tramitar autorizaciones falsas.- El Gobierno ordenó una auditoría oficial a través de la Instrucción Presidencial 29139.- La Cámara de Cuentas, la Sisalril y el Ministerio Público investigan el

Desvío de recursos públicos que debían destinarse a la salud.

Déficit financiero elevado: SENASA reportó más de RD$ 3,372 millones en déficit y facturas falsas
por RD$ 780 millones.

Riesgo para la continuidad de servicios médicos y pagos a clínicas.

Pérdida de confianza ciudadana en el sistema de salud.

Posible encarecimiento de servicios y aumento de costos para los pacientes.

Impunidad y debilitamiento institucional si no se sanciona a los responsables.